Interdicto

El interdicto, juicio o acción posesoria es un procedimiento sumario, en el que el poseedor de un bien, derecho u obligación solicita a la autoridad judicial le sea ratificado su poder ante otros (ante todos), con la finalidad de continuar ejerciendo su derecho sin las complicaciones, lesiones o agravios a los que ha estado sujeto. El interdicto adjudica la posesión de manera provisional según sea la cuestión debatida y previa investigación del caso.

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¿Qué es un interdicto?

El interdicto es un juicio breve y expedito que se solicita ante el Tribunal Judicial para resolver la diatriba en torno a una posesión. El agraviado demanda la acción para exigir el respeto a su derecho como poseedor y la restitución de lo que le ha sido privado.

En un interdicto es primordial la rapidez del planteamiento y resolución de la controversia, sólo se tiene un año para plantear la cuestión judicial; de allí que las partes en conflicto deben reseñar tempranamente los hechos y presentar los fundamentos de sus bienes o haberes, para tomar una decisión expedita fundada en el derecho.

El interdicto antecede al juicio y tiene valor de cosa juzgada formal, la sentencia dictada no puede ser modificada dentro del mismo proceso judicial, pero sí en otro posterior. Las legislaciones de algunos países permiten efectuar un nuevo interdicto, otras sólo contemplan la realización de un juicio ordinario de posesión.

Significado

Interdicto se deriva de la palabra en latín interdictum, que significa entredicho. Prohíbe hacer o decir algo en virtud de proteger el derecho de posesión.

El objeto del interdicto es proteger la posesión en sí misma, de cualquier daño, perturbación o confiscación indebida. Las partes involucradas en el proceso responderán a lo dictado en la sentencia judicial, sin necesidad del uso de la fuerza o alteración de la paz social.

El interdicto parte de la legitimidad de la posesión, si la persona que lo solicita no es el verdadero poseedor o no guarda una relación de poder animus domini con el bien o haber, no hay proceso judicial. Además, para que haya interdicto, debe haber privación del derecho, los daños o alteraciones a la posesión deben haberse realizado contra la voluntad del poseedor.

Tipos de interdicto

Los interdictos se clasifican según su fin en tres tipos principales: Posesorios, prohibitorio y restitutorio. Aunque pueden encontrarse otras clasificaciones según la legislación de cada país.

Los interdictos posesorios atañen únicamente a inmuebles: Edificios, viviendas, haciendas, tierras… Y se dividen a su vez en tres procedimientos diferentes:

• Interdicto de retener la posesión e interdicto de recuperar la posesión. Es un procedimiento breve y sencillo, es demandado por quien posee legítimamente el inmueble, cuando es inquietado en el ejercicio de su derecho o despojado del mismo. Los jueces reconocen ante el agente perturbador la posesión y se basan en las leyes para exigir el respeto debido, la restitución del goce a su auténtico poseedor.

La acción evita el malestar social y en situaciones extremas, que el poseedor haga justicia por sus propias manos. En el interdicto es el juez quien administra la justicia.

• Interdicto de obra nueva. Procede cuando la construcción afecta, menoscaba o imposibilita el derecho de posesión. El juez dicta la medida cautelar de paralización de la obra, en la etapa que se encuentre. El fallo emitido no tiene efecto de cosa juzgada, la prosecución o no de la obra deberá ser discutida en juicios posteriores, donde podrán ser interpuestos los derechos sobre la propiedad o sobre la tenencia definitiva. El fin del interdicto es la defensa posesoria, no la protección de la propiedad u otros derechos reales.
• Interdicto de obra ruinosa o peligrosa. Se apela a este para: Solicitar la demolición de una obra en avanzado estado de deterioro, que representa un peligro latente para las edificaciones contiguas y personas que transitan junto a ella. O bien, para exigir se adopten medidas categóricas de precaución. La denuncia es realizada por los poseedores de las edificaciones próximas a la obra ruinosa y/o quienes habitualmente caminan la zona. No es admitido en todas las legislaciones.

Por su parte, el Interdicto restitutorio demuestra la posesión legítima, se ejecuta para devolver o reponer al poseedor el bien material del cual ha sido privado. Restablecer el orden alterado.

Y, finalmente, el interdicto prohibitorio responde a actos amenazadores contra el bien o derecho sobre el cual se tiene posesión. Prohíbe hacer eso que daña la cosa y por ende afecta a su poseedor, sea o no su legítimo propietario.

Procedimiento

El procedimiento del interdicto es el juicio de menor cuantía, sencillez y rapidez. Una vez admitida la demanda, el juez ordena investigar las supuestas perturbaciones o daños a la posesión, para esto designa peritos o cualquier otro medio probatorio a desarrollarse en los próximos ocho días (lapso establecido en la legislación).

Por ser la posesión de una cosa o derecho lo que está en juego (caso: interdictos de posesión), su destino se decidirá en juicio verbal, sumario. El juez determinará si procede o no el interdicto. De resultar fundada la demanda, la ley ordena el cese de las perturbaciones o actos dañinos, además del pago de los frutos e indemnización, en los interdictos restitutorios e interdictos prohibitorios, de ser el caso.

Requisitos

Para que proceda el interdicto se requiere que:

• La exigencia se haga en el lapso de tiempo legalmente establecido, que no haya transcurrido el año desde la alteración del orden, perturbación o confiscación de la posesión.
• El demandante sea el poseedor legítimo de la cosa, no es imprescindible que sea su dueño.
• El demandado haya realizado por voluntad propia –sin el consentimiento del poseedor- los actos que alteran, perjudican o dañan el goce de la propiedad. Lo haya hecho personalmente u ordenado la acción de terceros.
• El demandado manifieste la intención de usurpar la posesión.
• Cuando se trate de interdicto de obra nueva, la construcción no debe estar concluida.

Plazo probatorio

El interdicto será admitido sí y sólo si las perturbaciones y daños contra la posesión se cometieron en un tiempo menor a un año.

Se trata de un procedimiento rápido y oportuno, por lo que establece sólo ocho (8) días para probar la veracidad de los hechos interpuestos en la demanda. La extensión o no del plazo probatorio será potestad del juez y se tomará en virtud de las características del caso.

Las pruebas presentadas en el plazo deben versar sobre la posesión en sí misma, actos y amenazas de hecho imputados al demandado.

Interdicto en derecho romano

En el ordenamiento jurídico de la Antigua Roma, el interdicto era establecido por el Pretor como una medida jurisdiccional, pretendía mantener el estatus social, el respeto y las competencias otorgadas a una determinada persona o institución.

La acción se ejecutaba por vía procesal y tenía carácter prohibitorio, restitutorio o exhibitorio.

En un principio sólo los interdictos prohibitorios eran considerados como tal, los otros eran llamados decretas. Luego los procedimientos de los interdictos se fusionaron en El Edicto de Juliano, en el que los involucrados eran tratados de forma impersonal y genérica, pero en el que se tenía la posibilidad de solicitar un “actio ex interdictium”, acto más personal, para reclamar lo no cumplido por la parte demandada e impuesto por el Pretor en el primer proceso.

En derecho romano, el Pretor protege la posesión de algunas situaciones de hecho: Lesiones, despojos o acciones que vulneren las garantías reales. Lo hace a través de los interdictos de:

• Adquirir la posesión: Incluye el interdicto de posesión hereditaria, que procede cuando los herederos son despojados de hecho de los bienes testamentarios. También el interdicto salviano, que protege al acreedor hipotecario de sus deudores y de cualquier tenedor de la cosa. Y otros procedimientos especiales.
• Retener la posesión. Protege a aquel que poseyó la propiedad la mayor parte del año “sin violencia ni en clandestinidad, ni en precario el uno del otro”.
• Recuperar la posesión. Sigue la fórmula de restituir al demandante la posesión de la que ha sido privada y todo lo que en su momento él tenía en ella.