Uno de los principios considerados como el más importante dentro del área del derecho penal hoy en día es el llamado principio de legalidad. Su esencia que nos dice que no puede existir ningún tipo de delito ni pena sin la existencia de una ley previa o “nullum crimen nulla poena sine previa lege” es base en el sistema jurídico de toda nación. También es un principio fundamental con respecto al poder público, el cual debe de realizarse dependiendo de la ley y no de acuerdo a la voluntad que tengan las personas.
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Derecho constitucional, derecho procesal penal, derecho tributario, Estado de derecho, potestad
El principio de legalidad es un principio fundamental de los estados que dice que todo el poder público debe siempre de apegarse a las leyes que estén vigentes y a la jurisdicción y que nunca debe de dejarse guiar por la voluntad que puedan tener las personas.
El principio de legalidad es un derecho público fundamental que consiste en que todo el ejercicio de las diferentes potestades deben de fundamentarse en las normas jurídicas que determinen un órgano competente y en su jurisdicción. Consiste en asegurar la seguridad jurídica y es un parámetro para poder hablar de un Estado de Derecho pues es en él que se fundamentan las diferentes normas jurídicas.
La doctrina dice que el principio de legalidad es el derecho que debe de acompañar a todo aquel acto realizado por los órganos que se encargan de ejercer el poder político en un estado, en otras palabras es un principio que dicta que todas las actividades del Estado deben de estar conforme con el derecho de Estado. Es un sistema en el cual todos los actos administrativos que se realizan están sujetos a la legalidad, la cual a su vez forma la medida de licitud de los actos.
Las principales características del principio de legalidad son las siguientes:
En las democracias, el principio de legalidad constitucional se encuentra protegido por medio de la división de poderes. Por medio de un orden jurídico se impide que el poder que debe de interpretar las leyes sea el mismo que las propone o las ejecuta. Si no existiera este principio, los gobiernos podrían crear leyes de cualquier tipo. Gracias al principio, se vigila que las leyes se cumplan dentro de un principio de legalidad.
Este principio se refiere al fundamento en virtud del cual los actos de índole administrativa se encuentran relacionados con la contratación, manejo y la disposición de los bienes y servicios que posee el sector público, y cómo éstos deben encontrarse sometidos a las leyes y las sanciones administrativas que únicamente pueden ser impuestas cuando hayan sido previstas por medio de una norma expresa.
Se encuentra ligado con una garantía vinculada al principio penal que dice que ninguna persona puede ser sancionada por actos o por omisiones que no fueron previstos como un delito, una falta o infracciones en las leyes que ya existían. Exige además la presencia de una norma legal que tipifica la conducta que se busca castigar y que a su vez establece la sanción que se debe de aplicar a las personas que incurran en esta conducta. Depende de el principio de derecho penal.
El principio de legalidad tributaria es un requisito para crear un tributo, no es únicamente el resultado de la exigencia de representación popular, sino que, implica la necesidad de garantizar seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones, y además representa la importancia de un diseño con sentido en la política fiscal de un Estado. Se encarga de definir el tributo para señalas los elementos e la obligación fiscal y para garantizar la representación popular brindando certeza a los contribuyentes sobre sus diferentes obligaciones de índole fiscal.
Es el principal límite al ejercicio del ius puniendi por el Estado, pues los poderes públicos están sometidos a la ley en toda su dimensión, por lo que el proceso penal se desarrolla con plenas garantías. Debe de asegurar la efectividad de garantías y de principios básicos. Es la relación del Estado por medio de órganos que ya han sido designados frente a una hipótesis de la comisión de un determinado delito que reclama una investigación o un juicio y si correspondiere, un castigo del delito que se pudo haber comprobado.
Las consecuencias del principio de legalidad son tres:
El principio de legalidad tiene su origen en el siglo XVIII y nació como una reacción en contra de la arbitrariedad, contra el abuso del poder y contra la inseguridad política que existía en la fecha. Algunas personas mencionan que se originó en la cláusula número 39 de la Carta Magna.
Se considera que se dieron indicios del principio desde los inicios del derecho romano, aunque su historia nace de lleno en la Carta Magna pronunciada en el año 1215, cuando el Rey Juan Sin Tierra hizo una serie de concesiones a los nobles de Inglaterra. Tiempo después este principio fue tomado también por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia y por la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Pasó también a formar parte de la Constitución Argentina y conforma el tiempo pasó, fue adoptado por todos los estados que tienen legislaciones contemporáneas, con excepción de los estados totalitarios que se basan en la fuerza para lograr sus cometidos políticos.
En el derecho mexicano principalmente en el ámbito administrativo, este principio de deduce conjunto al artículo que dice que ninguna persona puede ser privado de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos si no es por medio de un juicios ante los tribunales que han sido previamente establecidos para esta misión.
Se encuentra contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional del país y es un principio que establece que ninguna persona puede llegar a ser juzgado ni penado por un delito, sin una ley que haya contemplado el delito como tal. Es considerado como el pilar principal del suprasistema de garantías ya que establece los límites que tiene el poder punitivo del Estado.
En la Constitución española podemos encontrar este principio dentro del artículo 93 donde nos dice que ninguna persona puede llegar a ser condenada por sus acciones u omisiones que cuando se produzcan no constituyan delito, falta o una infracción administrativa dependiendo de la legislación que exista en el momento.
En Colombia tiene una doble condición pues por un lado es el principio rector del ejercicio del poder y también es el principio rector del derecho sancionador. Como principio rector se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido de manera clara y precisa en la ley. Es un principio que exige que todos los funcionarios del Estado estén sujetos al ordenamiento jurídico que establece la Constitución.
Con el paso del tiempo, el principio de legalidad se ha vuelto más importante puesto que todo además de hacer la ley funcionar adecuadamente, brinda la capacidad de crear tributos e impone límites al mismo tiempo al poder de imposición que tiene el Estado. Además hace que la ley funcione obligando a todos los organismos y poderes del Estado a estar fundamentados en una ley previa.
Como ejemplos del principio de legalidad podemos mencionar la creación de los tributos de forma justa y la vigilancia del Estado para que éste cumpla correctamente con sus funciones.
Briceño V., Gabriela. (2018). Principio de legalidad. Recuperado el 24 febrero, 2024, de Euston96: https://www.euston96.com/principio-de-legalidad/